La iniciativa legal que planea Ayuso y que podría devolver los grandes conciertos al Bernabéu

El Atlético de Madrid se quedó con la gallina de los huevos de oro que suponen los conciertos en la capital de España. Algo que en un primer momento estaba destinado al Real Madrid, pero que los vecinos de la zona del Bernabéu se encargaron de tumbar con sus protestas y sus denuncias.

Los eventos se mudaron al Metropolitano, con el suculento premio económico que eso supone, pero los vecinos de la zona también se han puesto en pie de guerra. En las redes sociales se acumulan los vídeos en los que se denuncian el ruido y el exceso de decibelios en el barrio de Canillejas en los últimos días tras los conciertos de Ed Sheeran, Lola Indigo y Natos y Waor.

Ahora, según avanza el diario El Mundo, desde la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, se va a intentar mantener a la región en el epicentro mundial de la música o al menos intentar que no se pierda lo que se ha conseguido en los últimos tiempos, que los grandes artistas hagan parada en Madrid.

Un tipo de ocio que deja mucho dinero. Y es que, por ejemplo, en los días del pasado verano en los que Taylor Swift desembarcó en Madrid hubo un impacto de 120 millones de euros en la región. Y es algo demasiado suculento para perderlo.

El problema está en las asociaciones vecinales que tras el éxito relacionado con el Bernabéu, consiguieron parar la actividad musical en el exterior de los pabellones del Ifema y amenazan ahora al Metropolitano e incluso a la Caja Mágica y al Movistar Arena.

Para evitarlo Ayuso habría encargado a la Consejería de Interior, que se responsabiliza de los eventos en la Comunidad de Madrid, que estudie y proponga un escudo legal para todos aquellos acontecimientos de primer nivel y de interés regional. Una medida que permita la convivencia entre los grandes conciertos y los vecinos.

Se estaría diseñando una modificación de la LEPAR (Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas), traducida en una elevación de los permisos de decibelios, en parámetros razonables y descartando la exención total. La idea es hacer algo similar a lo que se aplica en ciudades europeas y centrarse en las medias de ruido durante el evento y no en los picos máximos a la hora de fijar la ilegalidad. Una medida que se aplicaría solo en los eventos de primerísimo nivel, que también se encargaría de fijar la Comunidad de Madrid, y que deberán cumplir también unas grandes exigencias en materia de seguridad y limpieza para tranquilizar a los vecinos de los recintos.